Otro mercado para globalizar: Los Bonos de Carbono

Por Gaby Weber

Entre el lunes 2 y el viernes 13 de noviembre sesiono en Buenos Aires la IV Convención de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. Se debatió, por ejemplo, cómo poner en práctica el "Protocolo sobre clima" aprobado en Kioto, mientras planea sobre el encuentro una especie de conjuro mágico. Se trata de los "certificados para emisión", relacionados con el establecimiento de un mercado mundial de derechos de contaminación, así como de un banco central para bonos ecológicos. El Banco Mundial estima que este nuevo -y creciente- rubro de actividad económica puede alcanzar un volumen de transacciones del orden de los 250 mil millones de dólares anuales.

Que poco se avanza

El acuerdo a que se arribó en la Conferencia Mundial sobre Clima -en diciembre de 1997- decepcionó a la mayoría de los participantes. Es cierto que el Protocolo de Protección Climática de Kioto exige que los países industrializados disminuyan sus emisiones de gases "invernadero" a un ritmo promedio del 5 por ciento anual hasta el año 2012. Pero la presión ejercida por Estados Unidos determinó que el protocolo dejase abierto un hueco que permite interpretaciones múltiples. Y se puede cumplir con una parte de las obligaciones de reducir las emisiones comprando los llamados "certificados para emisión", es decir, derechos para expeler una determinada cantidad de dióxido de carbono. A su vez, quien no haga uso de esos derechos deberá ser recompensado financieramente. En Buenos Aires se espera que se discuta y se tomen decisiones respecto a cómo se comercializarán tales certificados.

Hay varias aplicaciones posibles: los certificados podrían ser puestos en circulación por aquellos estados que no hagan uso de sus derechos de contaminación, ofreciéndolos al mejor postor entre terceros. (Los rusos dicen querer utilizar esta posibilidad: su producción industrial, comparada con la del año decisivo de 1990, se ha reducido en un tercio; la diferencia se la venderían a Estados Unidos.) Los certificados servirían de estímulo para empresarios privados, que se decidirían a modernizar sus plantas de producción y a instalar filtros; podrían recuperar una parte de su inversión si venden aquellos derechos de emisión que no hayan usado. Finalmente, los certificados recompensarían a los países que no hubiesen talado sus bosques. Dado que los árboles reducen el contenido de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera se adjudicará un valor monetario a los bosques.

Los europeos aprobaron apenas a regañadientes los "certificados para emisión"; lo hicieron para que no fracasara la Conferencia de Kioto; les interesaba una disminución escalonada y habían rechazado la propuesta estadounidense de aceptar los mecanismos de mercado como instrumento de protección ambiental. Para ellos los certificados de emisión eran "bulas de indulgencia modernas", con las cuales países ricos pueden comprar su exención de la protección ambiental.

Estados Unidos remite a sus logros. Hace tres años entró en vigencia una ley para combatir la lluvia ácida y disminuir las emisiones de dióxido de azufre (SO2) de las plantas de energía eléctrica. En lugar de hacer que cada empresa se sometiera a un determinado patrón técnico -para cuyo cumplimiento habría sido necesario crear una nueva oficina estatal-, el gobierno libró certificados que autorizaban a emitir una tonelada de esos gases. Se fijó un límite que no debía superarse, pero cada uno decidía en última instancia de qué manera se mantenía por debajo. Aquel que a fin de año no hubiese alcanzado su límite tope podía vender su diferencia en la bolsa de valores, a través de su agente bursátil. Una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit) evaluó positivamente esa ley porque ya en el primer año de su aplicación se emitieron menos sustancias nocivas de las que se esperaban.

Pero tampoco los países del Tercer Mundo participantes en la Conferencia de Kioto se congratularon de sus resultados. Son muchos los que siguen percibiendo con desconfianza la "protección del ambiente". Temen que, bajo el pretexto de la ecología, el Norte rico quiera impedir el desarrollo de los países pobres del hemisferio sur. Se habló en ese contexto de "colonialismo ecológico". Y por ello se incorporó al protocolo de Protección Climática el derecho al "desarrollo limpio", cuyos esfuerzos para la protección ambiental serían "voluntarios", a diferencia de los de los países industrializados.

Nuevo Mercado: La venta de "Aire"

El objetivo del comercio de emisiones es un balance equilibrado entre la emisión de carbono y el mantenimiento o incremento de bosques que absorban el carbono. El aire puro que algunos tienen en exceso, pueden ofrecerlo en el mercado mundial de aire. Y a los sudamericanos no les faltan bosques ni territorios casi despoblados que podrían ser forestados.

Costa Rica va a la vanguardia en el comercio internacional de emisiones. En abril la Bolsa de Valores de Chicago puso a la venta sus "bonos de carbono" con un valor de diez dólares cada uno. Con lo que produzcan, el gobierno costarricense espera comprar regiones naturales protegidas -hoy en manos privadas- y convertirlas en parques naturales.

La industria maderera tiene importancia estratégica desde fines de la década del 80 en ese país. Mediante subvenciones por montos millonarios se han convertido muchas praderas de pastoreo de ganado vacuno en plantaciones de teca. En 1996 el Parlamento costarricense enmendó la ley forestal y creó un fondo para pagarle a los propietarios de los bosques por su protección, pero el gobierno no está exento de críticas. Las formulan grupos de protección ambiental que argumentan que en el pasado se sacrificaron grandes porciones de la selva tropical a favor del monocultivo de las plantaciones de teca. No corresponde, dicen, que además de aquel daño, se las recompense, facilitándoles ganancias a través de los derechos de contaminación. El gobierno cree que obtendrá más de 300 millones de dólares por la emisión de esos bonos aunque la venta avanza muy lentamente. Los compradores esperan ver qué pasa en Buenos Aires o si todo termina desinflándose.

Por el momento ni siquiera tiene vigencia el Protocolo sobre clima -aprobado en Kioto- que autoriza en principio el comercio de certificados. Y no la tiene "en tanto los contaminadores principales no lo ratifiquen", dice el uruguayo Luis Santos, director nacional de Medio Ambiente. Según él, el proyecto piloto en Costa Rica es "interesante, pero no se corresponde con lo que se negoció en Kioto". Porque la posibilidad de hacer uso de los certificados se limita a los países industrializados, y no a aquellos en vías de desarrollo.

Estados Unidos exige de los países de América del Sur que, en caso de querer vender derechos de contaminación, se obliguen también a menores emisiones nocivas. Los países del Tercer Mundo deberán reacondicionar sus fábricas y plantas de energía eléctrica. Debe suponerse que Argentina, Chile y Uruguay aceptarán esta condición; tienen más para ganar que para perder.

Carlos Merenson, director en el Ministerio de Medio Ambiente de Argentina, calcula que su país tiene ya un balance de carbono positivo. Su país genera electricidad en centrales hidroeléctricas y atómicas, y le falta mucho todavía para agotar su potencial. La Patagonia, inmensa región con su escaso millón y medio de habitantes, está prácticamente desierta. Si para la absorción de una tonelada de dióxido de carbono Costa Rica calcula un desembolso de diez dólares, la Argentina quiere llevarlo a cabo por un costo de 30 centavos de dólar.

Brasil es el único país que no se ha contagiado de la euforia continental. Cuenta con el enorme territorio amazónico y sus selvas tropicales. Además, una parte de los automóviles que circulan no consume gasolina sino alcohol, elaborado a partir de la caña de azúcar. Con estas ventajas iniciales, no se verá jamás en la necesidad de salir al exterior a comprar certificados para sus pecados ambientales. Pero tampoco podrá exportar derechos de contaminación. Gracias, además, a su equilibrado balance de dióxido de carbono, puede mantenerse ajeno al problema y no gastar para una producción ambientalmente menos agresiva. No se interesa demasiado, es obvio, en el comercio de bonos.

Merenson duda que la Conferencia Mundial sobre el Clima logre resultados concretos, porque la burocracia de la ONU trabaja lentamente, y porque para realizar este tipo de emisiones será necesario crear una nueva oficina de Naciones Unidas, un banco central internacional que los emita. El uruguayo Santos, por su parte, remite a la difícil situación de política interior que atraviesan Rusia y Estados Unidos, los peores entre los países contaminantes. Se sabe que el futuro de Rusia es absolutamente incierto, y también que la mayoría en el Congreso estadounidense considera exagerados los peligros de un cambio climático global, peor aun, que la protección del ambiente es un lujo superfluo. Si nada cambia esa actitud todo seguirá como antes. El Protocolo sobre clima no entrará en vigor sin Estados Unidos, los gases "invernadero" seguirán siendo emitidos como hasta ahora, y no habrá un mercado global de aire.

Traducción del alemán: Raquel García.